Durante la presentación del informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), el jefe de esa delegación, Jordi Cañas, concluye que en las elecciones guatemaltecas no hubo fraude. Pero también asegura que el resultado de los comicios se debe respetar.

El informe recoge la verificación hecha del 11 de mayo al 6 de septiembre de este año. De esa cuenta propone 26 recomendaciones, nueve de ellas prioritarias para futuros procesos electorales.

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El jefe de la misión menciona que las elecciones se han llevado a cabo en un contexto político marcado por la amenaza a la separación de poderes y la constante judicialización de la política.

También destaca la existencia de actores que socavan la democracia, a través del control o influencia sobre las instituciones políticas y judiciales, que erosionan el estado de derecho.

“La aplicación arbitraria y selectiva de la ley, se traduce, en numerosas ocasiones, en limitaciones significativas al ejercicio de derechos políticos”, dice Cañas.

Unión Europea preocupada por ataques al TSE

El funcionario asegura que son reiterados los intentos del Ministerio Público (MP) por cuestionar la validez del proceso electoral tras la primera vuelta. Pero también son constantes las intimidaciones a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y representantes de otros órganos electorales.

“Observamos con estupor y con profunda preocupación, cómo desde el MP y la FECI han organizado allanamientos en la sede y almacenes del TSE. Y se insta la suspensión de la personalidad jurídica del partido que ha ganado las elecciones presidenciales”, resalta.

La recomendación a la que el funcionario europeo hace énfasis, es a la necesidad de reforzar el estado de derecho y la separación de poderes en el poder judicial. Y la considera clave porque hace referencia al problema principal y del que se deriva el resto.

“No puede haber legalidad sin ética. No hay marco jurídico que soporte actores públicos que falten al respeto a la magistratura que ostentan. La magistratura pública es un servicio público, quien falle a ese principio, es una amenaza al cuerpo social y es una amenaza a la democracia”, concluye Cañas.