Abogados de organizaciones de derechos humanos y querellantes presentaron una apelación en la Corte de Constitucionalidad (CC), por el caso Creompaz. Esto con el fin de frenar la orden de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo que decidió anular el caso.

La decisión judicial del martes de esta semana, anuló lo actuado en el caso Creompaz y ordenó la libertad de los militares acusados.

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Los involucrados, que incluyen a exmiembros de alto rango de las fuerzas armadas, enfrentan cargos por desaparición forzada de 565 personas. Además, otros delitos de lesa humanidad relacionados con el hallazgo de cuerpos enterrados atados de pies y manos, en 2012. Los localizaron en 85 fosas clandestinas que hoy ocupa el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz), en Alta Verapaz.

Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), justificó que la Sala Segunda “se extralimitó en sus funciones” al anular el proceso, fallo que respondió a una acción de amparo presentada por Carlos Augusto Garavito Morán, uno de los inculpados, quien argumentó que el Juzgado de Mayor Riesgo A no tenía competencia para conocer esta carpeta.

Decisión del caso Creompaz no está firme

Santiago Choc, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), destacó que la apelación ante la CC pretende detener la orden de libertad de los denunciados. Además, advirtió que esta decisión aún no es definitiva. Esto porque hasta que no se resuelva en el tribunal constitucional, la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, no puede cumplir con la instrucción de liberar a los procesados.

La resolución de la Sala, firmada por los recién elegidos magistrados Miguel Catalán, Eva Recinos y el suplente Jaime González, anula todos los procedimientos del caso Creompaz. Deja sin efecto las órdenes de captura, prisiones preventivas y cualquier decisión jurisdiccional anterior.

Hugo Leonel Archila, de la Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas del Enfrentamiento Armado de Alta Verapaz, se refirimó la tema. Dijo que el objetivo es restituir, de forma momentánea, los derechos y las garantías de los damnificados por la acción militar ocurrida entre 1982 y 1988.

La apelación interpuesta la respaldan sobrevivientes y familiares de los perjudicados. Todos provenientes de Nebaj, Chajul y Cotzal, Quiché. Ellos acompañaron a los togados a la presentación de los recursos legales.

*Tomado del DCA