Un grupo de víctimas pidió este miércoles en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CorteIDH- que se haga justicia por la masacre cometida por integrantes del ejército de Guatemala en la aldea Los Josefinos, en 1982.
El caso se relaciona con los presuntos hechos ocurridos el 29 y 30 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos del Departamento de Petén; en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco.
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La presunta víctima, el agricultor Francisco Batres, contó ante los jueces que para sobrevivir a la masacre se tuvo que refugiar en la montaña con su familia; donde su hija enfermó y luego murió.
“Lo que pedimos es justicia para sentar un precedente y que esto no vuelva a repetirse en los habitantes de Guatemala. Que los que hicieron esto paguen por sus hechos porque no fueron animales lo que ellos asesinaron extrajudicialmente”, dijo Batres.
Según la demanda, la mañana del 29 de abril de 1982, integrantes de la guerrilla armados habrían entrado a la Aldea de Los Josefinos. Capturaron y asesinaron a dos sujetos por sus alegados vínculos con el ejército.
Luego de un enfrentamiento con la guerrilla, presuntamente el ejército de Guatemala habría sitiado la aldea. No dejando salir a sus habitantes, y pasada la media noche del 30 de abril de 1982 la invadieron.
👨🏿⚖👩🏽⚖Se levanta la sesión. Ha finalizado la primera jornada de la #AudienciaPública del Caso Masacre de la Aldea de Los Josefinos Vs. Guatemala🇬🇹.
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) February 17, 2021
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Masacre y persecuciones
La presunta víctima, María Fidelia Quevedo, también contó que tras huir “ese día no teníamos qué comer. Estábamos casi desnudos, y nos fuimos a pedir a una casa en Palestina. Vivimos ahí un tiempo pero la situación empeoraba (…) siempre había una persecución y hasta que las encontraban y las mataban se salían”.
“Huimos a la capital, dormíamos en la calle en unos cartones, me dediqué a buscar comida al basurero del mercado, pedazos de pollo, de verdura (…) Pienso que se debe hacer justicia y tratar de que el Ministerio Público haga investigaciones porque muchas personas que cometieron esos errores están muriendo y hasta la fecha no se ha hecho nada”, expresó Quevedo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, que es la encargada de elevar las demandas ante la Corte Interamericana, indicó en la audiencia que “los integrantes del ejército ingresaron a la aldea, quemaron viviendas y masacraron a sus integrantes. Todo esto como parte de un operativo denominado ‘Tierra arrasada’; que se caracterizó por la matanza de sus habitantes bajo la doctrina de la seguridad nacional y conflicto armado guatemalteco”.
“En estos hechos al menos unas 50 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, durante esa masacre y más de 1 mil se vieron obligadas a desplazarse huyendo primero a las montañas y luego a otros lugares en el extranjero. Algunos niños y niñas pasaron la noche junto a los cuerpos de sus padres”, explicó la representación de la CIDH.
Demanda
La demanda señala que al ingresar, miembros del ejército dieron muerte al menos a cinco patrulleros que se encontraban en la calle. Luego comenzaron a quemar las viviendas, masacrando a sus habitantes, entrando a las casas para constatar si existían sobrevivientes y asesinando a quienes encontraban; incluyendo mujeres, niños y niñas.
Además, al menos tres personas desaparecieron durante la masacre, luego de haber sido vistas por última vez bajo la custodia de agentes de seguridad del Estado y que, a la fecha, su paradero es desconocido.
La demanda indica que el Estado, a pesar de haber tenido conocimiento de los hechos, no inició ninguna investigación y que, a la fecha los hechos continúan en impunidad y no se ha llevado a cabo una identificación de los restos exhumados, ni se han adoptado medidas dirigidas a localizar el paradero de los demás restos.
La Comisión Interamericana manifestó que el Estado de Guatemala aceptó su responsabilidad y había llegado a un acuerdo amistoso con las víctimas. También indica que no cumplió íntegramente, en especial sobre el tema de investigar y sancionar a los sospechosos.
En la audiencia, que se lleva a cabo por videoconferencia, también se escuchó la versión de la perita Paula Worby quien habló sobre los desplazamientos forzados y continuos en Guatemala. La sesión continuará este jueves con la presentación de los alegatos finales de las partes.
