La masacre ocurrida el pasado sábado en una comunidad del puerto turístico de Ensenada, en Baja California, encendió las alarmas. En el lugar acribillaron a 10 personas con armas de fuego y otras 10 resultaron heridas.

El lunes, empresarios, fuerzas de seguridad y los propios ciudadanos condenaron estos hechos violentos. Y, de forma enérgica pidieron a las autoridades federales y estatales garantizar la seguridad y que se esclarezcan estos hechos que han consternado a la población.

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La tarde del pasado sábado se realizó la quinta edición del denominado “Cachanillazo”. Es un evento de carreras con vehículos todoterreno. Mientras se llevaba a cabo, un grupo de personas fuertemente armadas atacó a balazos a las personas que participaban en este evento.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 90 de la carretera Transpeninsular, a la altura del poblado de San Vicente.

El fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, indicó en rueda de prensa que se trató de un ataque directo. Involucró a dos grupos de delincuentes antagónicos, el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel Arellano Félix (CAF).

“El objetivo directo sería en contra de Alonso Arámbula Piña, cuyo apodo en vida fue “El Sonris”, de 35 años. Servía a una persona de apodo “El Trébol”. Este último era líder dedicado al trasiego de drogas en la región”, apuntó el fiscal.

Estrategia de seguridad tras la masacre en Baja California

Sobre los hechos, Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano del Estado de Baja California, declaró a medios que “ante la violencia imparable que estamos viviendo, es tiempo de aceptar que la estrategia en materia de seguridad no está funcionando” y exigió a las autoridades a dar resultados sobre la imperante violencia en el estado.

“Vivir con miedo de ser la próxima víctima no es una opción. Exigimos a nuestras autoridades una verdadera y efectiva coordinación más allá del discurso para dar los resultados que necesitamos; requerimos una disminución real de la incidencia delictiva y cero impunidad ante los hechos violentos registrados”, recalcó.

Presencia del ejército mexicano

A dos días de los hechos, el lunes arribaron 500 agentes del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional a Tijuana. De acuerdo con autoridades, reforzarán la seguridad en esta ciudad fronteriza y en otros municipios de la región. Esto considerando que esta ciudad es la más violenta del estado.

A propósito, Quijano Sosa manifestó que la llegada de más agentes de estas corporaciones a Baja California “no es la solución. En tanto, las autoridades no trabajen de forma coordinada e implementen un plan emergente para combatir de frente a la delincuencia”.

Ciudadanos como Arturo Mendoza, residente en Tijuana, confesó su temor. Esto pese a que estos hechos se registraron en otro municipio. La razón es que “este tipo de situaciones después tienen repercusiones en otras ciudades”.