Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) consideran que el escrutinio internacional es esencial para asegurar los derechos de los guatemaltecos a participar en elecciones libres y justas, esto luego de presentar un documento conjunto de preguntas y respuestas que aborda los principales desafíos de derechos humanos al proceso electoral en Guatemala.
Según las organizaciones, tanto el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público deberían garantizar a los ciudadanos guatemaltecos sus derechos políticos y proteger la legitimidad del proceso electoral. Sin embargo, la preocupación se da a que muchas de estas autoridades de estas instituciones las han nombrado a través de procesos que no fueron justos, transparentes ni independientes, y han demostrado un desprecio manifiesto por el Estado de derecho.
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Guatemala: El proceso electoral ocurrirá en un contexto de deterioro del Estado de derecho.
El escrutinio internacional es clave para proteger el derecho de los guatemaltecos a participar en elecciones justas y libres.
Informe de @hrw_espanol y @WOLA: https://t.co/pLuLYFCiv2
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 24, 2023
Informe de WOLA Y HRW
El informe detalla que, en enero de 2023, la Unión Europea llevó a cabo una “misión exploratoria electoral” al país. En octubre de 2022, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó interés en enviar observadores electorales a Guatemala, pero las autoridades todavía no han anunciado si se permitirá a los observadores de la OEA monitorear las elecciones.
La comunicación de ambas oenegés estadounidenses detalla que los observadores deberían estar atentos a posibles casos de financiamiento ilícito de campañas políticas, incluso por parte de empresarios y del crimen organizado.
“Las investigaciones que impulsó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue expulsada por el gobierno del expresidente Jimmy Morales en 2019, pusieron de manifiesto que el financiamiento electoral ilícito propicia la corrupción y conlleva a la distorsión del modelo democrático guatemalteco”, añade el informe.
La directora para Centroamérica de WOLA, Ana María Méndez-Dardón indicó que los observadores electorales deberían iniciar su labor tan pronto como sea posible y asegurarse de que su análisis vaya mucho más allá de los acontecimientos de la jornada electoral.
“En particular, deben analizar atentamente cualquier intento de excluir a candidatos opositores, iniciar procesos penales arbitrarios en su contra o realizar acciones orientadas a generar condiciones desiguales durante el proceso electoral”, dijo la experta.
Llamado a elecciones en Guatemala
El documento de ambas entidades detalla que el 20 de enero de 2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima autoridad en asuntos electorales de Guatemala, llamó a que se postularan candidatos, iniciando oficialmente el período electoral. Los guatemaltecos acudirán a las urnas el 25 de junio para elegir a un nuevo presidente, 160 legisladores y más de 300 alcaldes. Si ningún candidato presidencial obtiene más del 50 % de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta a fines de agosto.
El subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier dijo que las elecciones de este año son una prueba crucial para la frágil democracia guatemalteca.
“Estas elecciones se realizarán en un contexto de deterioro del Estado de derecho, en el cual las instituciones que están a cargo de monitorear las elecciones tienen poca independencia o credibilidad”, manifestó Pappier.
